La justicia embarga a Rato parte de su fortuna: la pensión del FMI y otros bienes por valor de 18 millones

El Juzgado de instrucción número 31 de Madrid ha embargado diversos bienes del ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, que suman un total de 18 millones de euros. Antonio Serrano-Arnal, el juez que investiga al ex presidente de Bankia por varios delitos de corrupción supuestamente cometidos mientras dirigía la entidad fallida, ha impuesto esta medida después de que el propio Rato no ingresara la fianza impuesta en concepto de responsabilidad civil por este caso.

Entre los bienes retirados se encuentra la pensión vitalicia a la que Rato tiene derecho por haber dirigido el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2004 y 2007. Serrano-Arnal incluso ha ordenado que se efectúen anotaciones en el registro de la propiedad para que el ex alto cargo del gobierno de José María Aznar no pueda disponer de este patrimonio.

Cuentas y depósitos bloqueados

El pasado mes de mayo, el mismo juzgado, que investiga a Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes, le impuso una fianza de 18 millones de euros si quería que le desbloquearan sus cuentas y depósitos. Entonces, las cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y planes de pensiones, además de otros productos financieros de Rato, fueron bloqueados como medida cautelar.

Domingo Plaza y Alberto Portuondo

Antonio Serrano-Arnal ha tomado hoy declaración en calidad de imputado al abogado Domingo Plaza por los presuntos delitos de corrupción entre particulares, delito fiscal y blanqueo de capitales de los que se le acusa, también en el marco del caso Rato. Plaza, el tercer imputado en este procedimiento, ha sido absuelto sin medidas cautelares por parte del juez. 

La otra persona implicada en esta causa es el empresario Alberto Portuondo, administrador de la empresa pantalla gracias a la cual Rato cobró presuntamente comisiones de dos empresas a cambio de los contratos de publicidad de Bankia. Portuondo, imputado por blanqueo de capitales en el extranjero y corrupción entre particulares, ingresó en prisión ante el riesgo de que pudiera fugarse o destruir pruebas.