La asfixia de la Generalitat deja a Artur Mas en una situación límite

La imagen es reveladora y constata que se ha levantado un muro que puede ser infranqueable entre el Gobierno central y el Ejecutivo que preside Artur Mas. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se levanta de su escaño y corre hacia el diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre.

Le pide que le explique el sentido del voto contrario de la federación nacionalista al decreto sobre los recortes y la abstención sobre el decreto que regula el mecanismo para garantizar la liquidez de las comunidades autónomas. Sánchez Llibre, más comprensivo con el Gobierno español que otros diputados de Convergència u otros miembros del Govern de la Generalitat, defiende la actuación de su grupo. Otra cosa no se entendería.

El ahogo al que el gobierno está sometiendo a Catalunya, y al conjunto de autonomías, no deja otras opciones.

El grupo de CiU en el Congreso, capitaneado por Josep Antoni Duran Lleida, lo está pasando mal. Se encuentra en el frente de la batalla, presionado por el Ejecutivo catalán, que depende de las transferencias del Gobierno español para solventar el día a día de la administración catalana. Pero, al mismo tiempo, es consciente de que no puede vulnerar algunas líneas rojas.

El ‘favor’ de Martínez Pujalte

En la votación del Congreso de ayer, la intervención del diputado del PP, Vicente Martínez Pujalte, pudo ser decisiva. Sus primeras frases, al sentenciar que la soberanía residía en el Congreso, ignorando la capacidad de las comunidades autónomas, convenció ya del todo a Duran Lleida para decidir el voto contrario, y, principalmente, para pedir la abstención de su grupo sobre el mecanismo de liquidez para las autonomías, a pesar de que el mismo portavoz de CiU había proclamado que votaría a favor. (De hecho, fue Catalunya quien reclamó hace meses que se pusieran en marcha los hispabonos).

El déficit del Estado

Hoy mismo el Govern ha difundido un comunicado en el que denuncia la deslealtad del Estado al presentar un conjunto de cifras sobre cómo distribuye el Gobierno el ajuste presupuestario. Según la Generalitat, las comunidades deben hacer frente al 64% del ajuste y gestionan el 35% del gasto, mientras que la administración central “sólo debe hacer frente al 31% del ajuste, pero gestiona el 52% del gasto”.

Respecto al déficit, el gobierno central es el responsable del 60% del déficit general y debe hacer frente al 31% del ajuste, mientras que las comunidades son las responsables del 35% del déficit, pero deben hacer frente al 64% del ajuste. En cuanto a la deuda, el comunicado de la Generalitat recuerda que la administración central acumula el 76,5% , por el 18,8% de las comunidades y el 4,7% de las corporaciones locales.

Consulta sobre la soberanía

Ante esta situación, de asfixia económica, de poca comprensión por parte del gobierno central, que no quiere compartir con las autonomías el punto porcentual adicional de déficit que le ha permitido Bruselas (déficit para el 2012 del 5,3% inicial al 6,3%), Artur Mas está llegando a una situación límite. La posible convocatoria de elecciones para el próximo año podría conllevar un salto de envergadura, porque lo que se pondría sobre la mesa podría superar de largo la petición del pacto fiscal que defiende CiU.

En el horizonte se dibuja una consulta sobre la soberanía de Catalunya, o una proclamación de independencia desde el propio Parlament. Son propuestas que han comenzado a circular con fuerza entre los dirigentes de CiU, pero que se descartan completamente por parte del entramado político-empresarial de Madrid. El diálogo parece que se roto definitivamente.