Guerra abierta en el Govern de Mas por la consulta del 9N

La prioridad del Govern que preside Artur Mas es conseguir la máxima movilización posible para la Diada del 11 de septiembre. Como ha ocurrido en los dos últimos años, ese es el termómetro en el que confía el President. Y sólo tras la Diada, y cuando se acerque el momento de firmar la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre, Mas pensará en un plan B. Pero algunos consellers no pueden aguantar esa presión, y, abiertamente, expresan que la Generalitat deberá a asumir la legalidad vigente y si el Constitucional suspende la consulta, –aunque sea cautelarmente para estudiar el fondo de la cuestión– el referéndum se deberá aplazar.

Esa posición, sin embargo, está causando un enorme desgaste en el Ejecutivo catalán. La vicepresidenta del Govern, la democristiana Joana Ortega, –encargada como consellera de Governació de preparar la consulta– afirma sin complejos que Cataluña vive “en una democracia”, y que en una democracia “se respetan las leyes”. Por tanto, Ortega rechaza que el Govern pueda ignorar el seguro recurso del Gobierno español tanto a la ley de consultas catalana como al decreto de convocatoria, y que en ningún caso se cometerá una “ilegalidad”.

Aplazar la consulta

Ortega no está sola. Como consellera de Governació seguirá el guión previsto, y este miércoles se entrevistará con los dirigentes de los partidos favorables a la consulta para señalarles los pasos que seguir, con el censo y con los municipios que están dispuestos a colaborar en la consulta.

Pero, al mismo tiempo, constata que esa consulta se podría aplazar. Y con Ortega están otros consellers, en este caso de Convergència, como Germà Gordó, conseller de Justicia y Santi Vila, conseller de Territori.

También consideran que no se puede forzar la máquina, para no caer en escenas todavía presentes en el subconsciente catalán, como el 6 de octubre –la proclamación del Estat català por parte del President Companys– el conseller Felip Puig o el propio conseller Francesc Homs.

Sin embargo, los dos, aunque no ven la situación de la misma forma, sí coinciden en que no se puede desvelar nada antes de hora.

¿Quién engaña a los ciudadanos?

Pero, ¿quién engaña más a los ciudadanos? Mas sigue considerando que todo tiene su momento, y que ahora lo único importante es apostar por la ley de consultas que aprobará el Parlament la semana siguiente a la Diada, y, después, por el decreto de convocatoria.

Al conseller Vila la dirección de Convergència le ha reprochado que asegure, abiertamente, que el Constitucional tiene toda la capacidad para ejercer de “árbitro”, y que, no se puede rechazar todo, porque el riesgo es cargarse las instituciones, sin alternativas, aunque estén cuestionadas.

La división en el Govern, por tanto, no se establece únicamente entre democristianos y convergentes, que mantienen claras distancias, sino entre los propios convergentes, muy tocados por el caso Pujol. Mas trata de apaciguar los ánimos, y pide silencio antes de la Diada, pero la presión de los propios medios, y de la ciudadanía es muy alta como para seguir insistiendo en que habrá consulta, y que ya se decidirá una alternativa “si es que se produce” el recurso que ha anunciado por activa y por pasiva el Gobierno español.

«Ni acelerados ni nerviosos»

Uno de los consellers que lo tiene más claro es Germà Gordó. Prudente, medido, Gordó no se ha prodigado en los últimos meses. Pero dejó claro desde el primer momento que la consulta no se podría convocar sin un acuerdo con el Gobierno español. Gordó ha recordado en los últimos meses, como lo ha hecho Felip Puig, que la consulta no tiene por qué convocarse en 2014, siguiendo los acuerdos alcanzados con ERC. “No tenemos que ir todos acelerados ni nerviosos”, precisó.

Pero para Esquerra la actitud de Ortega, Vila o Gordó es alta traición. Oriol Junqueras no reconoce el ascendente institucional del TC, y quiere que se cumpla el compromiso: la consulta se debe realizar el 9 de noviembre. La diputada de ERC, Anna Simó, insistió en esa línea.

Contar con los socialistas

¿Qué puede hacer Mas ante una situación que se producirá con toda seguridad en unas pocas semanas? ¿Debe avanzarse o mantener la ficción?

En ese instante ha aparecido el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que se mostró este lunes encantando con Ortega. “Estoy absolutamente de acuerdo con la vicepresidenta”, aseguró. “Es de un sentido común aplastante, porque los gobiernos son los primeros garantes del estado de derecho y no pueden saltarse la legalidad”, señaló.

Iceta se entrevistó este mismo lunes de forma discreta con Josep Antoni Duran Lleida. Y el President Mas lo hará con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, este miércoles en el Palau de la Generalitat.

El escenario está cambiando. Pero Mas trata, sin embargo, de mantener la tensión unas semanas más.