El Tribunal Constitucional suspende de nuevo por unanimidad el 9N
Los magistrados suspenden todos los actos vinculados y preparatorios para la consulta del próximo domingo
El Tribunal Constitucional ha sido unánime de nuevo al rechazar la consulta convocada el próximo domingo en Cataluña. Todos los magistrados de la primera institución de justicia del país han decidido suspender los actos vinculados y preparatorios para el 9N en el pleno ordinario celebrado esta mañana.
La decisión es cautelar. Queda anulada de forma automática la nueva consulta durante cinco meses, el tiempo en el que decidirá sobre el fondo de la cuestión.
Admisión a trámite
El Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno en el que solicitaba la suspensión automática de la convocatoria. Es la segunda ocasión en que acepta de entrada el planteamiento del Ejecutivo de Mariano Rajoy para paralizar el 9N.
A diferencia de la primera resolución, en ésta la Generalitat de Cataluña había evitado llamar formalmente a las urnas el 9N. Artur Mas intentaba de este modo evitar una nueva suspensión.
Web y ficheros fuera de la ley
El Constitucional, con todo, considera que existen suficientes elementos para considerar que la consulta que se había convocado para el próximo domingo va más allá de una simple “pregunta a la ciudadanía”.
Basa su argumento en que los elementos como las cartas a los funcionarios, el portal web activado o la publicidad institucional llamaban de forma elíptica a la participación ciudadana en el referéndum independentista.
La suspensión ordenada declara nulos todos los actos que se han desarrollado hasta la fecha para organizar la consulta. El Constitucional obliga a la Generalitat a cerrar el sitio web, declara fuera de ley el fichero de participantes, la cesión del uso de ayuntamientos o los formularios que la Generalitat había preparado para el domingo.
Sin reprimenda a Mas
Además, declara explícitamente en suspenso todas las acciones que se puedan realizar en el futuro para convocar una nueva consulta.
El Tribunal Constitucional, tal como se había especulado, no ha incluido en su resolución un aviso a Mas sobre las responsabilidades e infracciones que implican incumplir de nuevo su mandato, tal y como marca el artículo 87.1 de la Carta Magna española.
Así lo pretendía el Gobierno y así lo trasladó el abogado del Estado. Habría sido la primera ocasión en que el más alto tribunal de España avisara a un presidente autonómico de las consecuencias legales a las que haría frente de no acatar sus resoluciones.
