El empresariado teme ya un choque de trenes entre Rajoy y Mas
El Gobierno central castiga a Catalunya, pero también a otras autonomías como Baleares, gobernada por el PP
Rajoy castiga a….Baleares con la menor inversión en veinte años. La afirmación se publicó este martes en el Diario de Mallorca. Baleares, gobernada por el PP, por el presidente José Ramon Bauzá –erosionado por la marea verde de profesores en contra del decreto sobre las lenguas en la escuela– , tiene presupuestados para 2014 un total de 74 millones de euros en el capítulo de inversiones públicas del Estado. Un año antes, en 2013, recibió 174 millones, lo que significa que ha sufrido un descenso del 55%, el mayor de todas las comunidades.
El Gobierno central ha mantenido la tónica de todos estos años de crisis, y recorta en inversiones y en transferencias a las comunidades autónomas, a las que, después, las responsabiliza de todos los males. Y, por tanto, tampoco se salvan las comunidades del PP, como Castilla-León, Madrid, o Castilla-La Mancha, todas con descensos importantes respecto al año anterior.
Es una estrategia obligada por las circunstancias económicas, pero también una opción ideológica, que no cree ya en las autonomías.
Catalunya, en el centro
Pero el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy tiene un problema político central en estos momentos: el proceso soberanista en Catalunya, que se retroalimenta con decisiones como las del Ministerio de Hacienda, con un retroceso en la inversión pública equiparable al ejercicio de 1999, cuando se presupuestaron 941 millones de euros, por los 944 de 2014.
Y el empresariado catalán teme que la situación no se pueda reconducir.
Después de meses buscando el diálogo, reclamando que se encuentren vías alternativas, sin cuestionar que sean los políticos los que encuentren soluciones –Foment ha rechazado adherirse al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir al entender que es una plataforma política– tanto la patronal catalana como la Cambra de Comerç han mostrado su perplejidad y su temor tras analizar las cuentas del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En Pimec, sin embargo, se decidió guardar un extraño silencio.
Los presupuestos “no ayudan al diálogo institucional”, aseguró este martes en un comunicado el presidente de Foment, Joaquim Gay de Montellà, evidenciando la enorme sorpresa causada por las cuentas de Montoro.
Fuentes económicas, que han repartido su vida profesional entre Madrid y Barcelona, aseguran que, tal vez, el peligro es que “nadie quiere reconducir las cosas”.
Mas ‘aconseja’ a la élite catalana
Porque si desde el Gobierno central no se tiene en cuenta esa mayor sensibilidad con un territorio que actúa de motor económico de España, como apuntan las mismas fuentes, desde el otro extremo se quiere mantener viva a toda costa la llama de lo que constituye ya una cierta insurrección.
Así, el conseller de Presidència, Francesc Homs, aseguraba este mismo martes que las cuentas de Montoro “acreditan el proceso en marcha”, es decir, avivan el proyecto independentista.
Sólo unas horas más tarde, el mismo President Artur Mas, incidía en el asunto al asegurar que con las inversiones previstas en los presupuestos “difícilmente se estimulará la economía”. Y reclamaba a las élites del país que no pretendieran cambiar “el curso de la historia”, señalando que era necesario “canalizar bien el movimiento de base independentista”. Mas constataba esa realidad social en la inauguración de la sede del Col·legi d’ Economistes.
Ahogo financiero o diálogo
¿Pero, cuál es la actitud del PP? El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha admitido que “existen diferencias” en el seno del Gobierno sobre qué se puede y se debe hacer respecto al proceso independentista en Catalunya. ¿Esperar que el asunto acabe quemando a las propias fuerzas políticas catalanas, y mantener una actitud de ahogo financiero, o buscar una salida política, como pide el mundo empresarial catalán?
Distintas figuras buscan influir en Mariano Rajoy, con el ánimo de que reaccione y encuentre una salida, entre ellas Ana Palacio, ex ministra de Exteriores, o el ex ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaria, según fuentes políticas que tratan de ejercer de intermediarios.
El PP catalán mantiene también esas dudas, pero por ahora se acoge a la línea dura. El diputado Santi Rodríguez, se acogió a las palabras de Montoro y buscó otros parámetros. La inversión pública del Estado en Catalunya será en 2014 el 9,6% del total, y equivale a 944 millones, pero “Catalunya se ha acogido al 48% del Fondo de Liquidez Autonómica”, –el FLA– que equivale a cerca de 10.000 millones para poder financiar la deuda autonómica.
Con eso queda todo dicho. Montoro lo expresó aún mejor: «Las necesidades de Catalunya las tendrá a través del FLA».
Las enmiendas de CiU
Otras fuentes políticas y económicas recuerdan un dato, se trata de un “proyecto” de presupuesto. Es decir, como recuerda el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra y consejero del Banco de España, Guillem López-Casasnovas, “después se abrirá el periodo de enmiendas, y, lo más importante, se deberá esperar a la ejecución de ese presupuesto”.
Eso determina que CiU pueda tener un papel en el Congreso. Si el Gobierno desea mantener las vías de diálogo, y si también es esa la voluntad de la federación nacionalista, que dirige en Madrid Josep Antoni Duran Lleida y Josep Sánchez Llibre, los dos democristianos, “algunas partidas podrían variar de forma clara”, se apunta.
Un exceso teatral peligroso
El problema, como recuerdan las fuentes empresariales, es que “aunque sea posible un acercamiento”, las formas y los gestos de las últimas semanas –en Madrid ha causado una profunda impresión la imagen de Artur Mas en los actos del día de Convergència (el pasado domingo) con proclamas independentistas y el flequillo al viento, y en Barcelona han asustado los presupuestos– podrían hacer imposible una salida política razonada que pasaría por una consulta con más de dos preguntas que es lo que vería bien y lógico el mundo empresarial.
Es decir, el peligro es que, aunque Mas vaya en la misma dirección que Duran Lleida y busque una salida política –que a su vez sería también su propia salida personal– ya no sea posible.
Bien por la presión interna en Catalunya, bien porque el Gobierno central está dispuesto a seguir atado a sus principios.