Salgado avanza que la ratio de capital para las cajas torpes será de entre el 9% y el 10%

Las medidas de recapitalización del sector financiero anunciadas el lunes por el Gobierno se recogerán en un decreto ley en febrero. Un documento que detallará les exigencias a las entidades y que, en el caso de las cajas de ahorros, obligará a una ratio mínima de core capital (capital básico) “que se mueva entre el 9% y el 10%”, tal como ha anunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

Un porcentaje que será uno o dos puntos más alto que las entidades que cotizan en bolsa -es decir, los bancos- porqué “tienen más dificultades para financiarse en los mercados mayoristas”. Estas declaraciones están empujando a las cajas a replantearse seriamente su reconversión en bancos, una opción que en Catalunya ya han puesto encima de la mesa La Caixa, Unnim y CatalunyaCaixa. Estas dos últimas podrían estar hasta tres puntos por debajo de esta exigencia.

Fuentes de Unnim han explicado a Economía Digital que esta posibilidad se está estudiando entre otras vías de salida, como volver a llamar a la puerta del Frob con una petición que podría superar los 200 millones anunciados inicialmente. Con todo, la entidad dirigida por Enric Mata (en silencio desde la publicación de los test de estrés el pasado julio e históricamente aficionado a una política de comunicación un tanto atípica) trabaja con el objetivo de conseguir una vía de salida antes de la publicación del decreto ley.

Intervención

La ministra ha insistido que los 20.000 millones de euros estimados por el Banco de España «serán suficientes» para atender a las necesidades de capital del sistema financiero español. En este sentido, ha asegurado que “no hay base” para estimar que el capital necesario puede llegar a los 80.000 millones como apuntan las previsiones más pesimistas. Además, la futura ley no hablará de cifras, sólo de porcentajes de capital que se exigen.

En el caso de no llegar a las ratios mínimas, en septiembre el Ejecutivo dará paso a la intervención de las entidades. La dirigente socialista ha justificado en “la especial gobernanza” de las cajas que se pongan sus activos en más duda que los de los bancos. Eso sí, ha dejado claro que si no hacen sus deberes da igual la naturaleza jurídica de la entidad, puesto que el Gobierno está decidido a intervenir.