Madrid, bajo la sombra de la deuda de Barcelona’92

Madrid se presenta este sábado ante el Comité Olímpico Internacional (COI) con un presupuesto low cost. La modestia ha sido tal que incluso hay voces dentro del PP que temen que el equipo de Ana Botella repita el error de bulto de la organización de Atenas’04. La cuna del olimpismo proyectó 1.216 millones de euros y gastó 12.160 millones en los primeros juegos del nuevo milenio.

Además, la sombra de la deuda de Barcelona’92 se proyecta con fuerza en una candidatura que estima invertir menos de 2.000 millones para la anhelada cita y saca pecho de las infraestructuras ya terminadas. Casi una cuarta parte de la deuda actual de la capital española, 8.231 millones.

Un billón de pesetas de 1992

Los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 han significado, hasta la fecha, la mayor inversión pública y privada para la ciudad. La factura final se quedó a las puertas del billón de las antiguas pesetas. Concretamente, en 926.438,90 millones. Es decir, 5.565,4 millones de euros. Una cifra prácticamente igual al gasto anual actual de la consejería de Educación de Catalunya.

El gran rompecabezas de las administraciones implicadas en la organización fue cómo pagarla. La respuesta fue igual de revolucionaria que los efectos de la cita olímpica en la ciudad. Pasqual Maragall (PSC), entonces alcalde de la capital catalana, tuvo la idea de crear un holding empresarial que agrupara a las sociedades que se ocuparían de ejecutar las obras y a las administraciones que se encargarían de pagarlas al recoger el testigo de Seúl’88.

Los Juegos de Corea del Sur fueron sufragados por las arcas públicas del país, y Maragall no quería copiar el modelo. El sector privado, que él alentó, sufragó el 33,8% de la inversión en la ciudad, 1.881,1 millones de euros. El 66,2% restante fueron aportaciones públicas, 3.684,3 millones.

Generalitat, al margen

Barcelona Holding Olímpico SA (Holsa) nació en la primavera de 1989. Sus primeros pasos ya generaron polémica. La Generalitat de Jordi Pujol (CiU) se quedó al margen del organismo. Alegó que la situación de sus finanzas no le permitía endeudarse más. Aunque tras el rechazo del President  había una causa política, explican fuentes implicadas en la organización de los Juegos. La guerra entre los dos lados de la Plaza Sant Jaume. El ayuntamiento, socialista, y la Generalitat, controlada por la federación nacionalista.

“Al hacerme cargo de Holsa fui a ver a Jordi Pujol y le dije que el Gobierno le invitaba a integrarse en el holding. Me respondió que la Generalitat no estaba para poner adoquines al alcalde de Barcelona”, confesó en 1996 el presidente de Holsa, Santiago Roldán (Curri) (Ávila 1938 – Madrid 1997).

El Govern catalán, finalmente, invirtió 676,4 millones de euros en Barcelona’92. El 12,1% del total de la inversión pública, según las memorias de Holsa.

Estado y Ayuntamiento

El 51% del capital social de la sociedad estaba en manos del Gobierno de Felipe González (PSOE). El consistorio catalán se quedó como socio minoritario en un paso que motivó las críticas de la oposición municipal, en ese momento encabezada por Josep Maria Cullell (CiU) y Enrique Lacalle (PP). También se comprometió a asumir en solitario el desvío del presupuesto.

Maragall no quería que su iniciativa fracasara y consiguió en octubre de 1989 que el Estado compartiera el 50% de los riesgos financieros de Holsa a cambio de cederle el protagonismo empresarial y permitir que nombrase presidente a Roldán, entonces ex rector de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Por cierto, pasó el liderazgo del centro a un buen amigo de Maragall, Ernest Lluch (Vilasar de Mar 1937 – Barcelona 2000).

Aportación inicial

Los créditos iniciales de Holsa alcanzaron los 406,9 millones de euros, con unos intereses asociados de 269,6 millones más. Un total de 676,5 millones. Ambas instituciones se comprometieron en ese momento, otoño de 1989, a aportar 562,4 millones de euros a la empresa en 10 años. Su relación debía terminar en 1998.

El resto de presupuesto se esperaba cubrir con el capital social –19,2 millones de euros, 9,8 de la dirección general del Patrimonio del Estado y otros 9,4 millones del Ayuntamiento de Maragall–; con la venta del excedente de terrenos expropiados en la Villa Olímpica y los pisos construidos para atletas, periodistas y árbitros (Villa Olímpica y Vall d’Hebron). También se esperaba una inyección de capital importante de la hucha de las empresas olímpicas.

Factura final

La fotografía financiera final dista mucho del primer esbozo. Un año antes de los juegos se estimaba que la factura sería el 15% más alta, unos 93 millones de euros. Pero las obras poco a poco se encarecían, ya que se construía contrarreloj y con una fecha límite de entrega que no se podía traspasar: 25 de julio, la ceremonia inaugural de los Juegos.

Sólo falló la inversión privada más importante, la del Hotel Arts. El grupo Ritz Carlton decidió que el establecimiento operara a medias y bajo el nombre de Vila Olímpica para cumplir con sus compromisos con el COI.

Comisión bilateral

Holsa pagó con puntualidad a los constructores durante tres años, pero se quedó con la caja vacía a medianos de 1992. Cuando la flecha en llamas de Antonio Rebollo encendió el pebetero, el desvío presupuestario alcanzaba los 150,3 millones de pesetas.

A principios de julio, Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), entonces ministro de Educación y portavoz de una comisión bilateral Estado-Barcelona para solucionar el problema de la deuda olímpica, anunciaba que ambas administraciones habían acordado que cada una asumiera aproximadamente la mitad de las facturas pendientes.

Vigencia hasta 2009

El acuerdo sobre el papel tardó en ser una realidad. La concreción no llegó hasta febrero de 1993, con enfrentamientos entre ambas administraciones y litigios de constructoras de por medio.

El Estado y la ciudad de Barcelona se comprometieron a amortizar todas las obras olímpicas hasta 2009. El coste total de los trabajos ejecutados por Holsa fue de 1.201,1 millones de euros. De ellos, 793 millones estaban pendientes de pago en enero de 1993. El ICO gestionó la deuda.

A finales de mayo de ese año el instituto público suscribió un crédito sindicado de 150,3 millones de euros junto a Argentaria (ahora, BBVA), La Caixa, Chase Manhattan (integrado en JP Morgan) y Deutsche Bank. Así pudo liquidar las deudas con los contratistas y abonar la deuda bancaria con las aportaciones de las administraciones públicas durante 17 años.

La desviación final del presupuesto fue de 231,4 millones. ¿Pueden las arcas de Madrid permitirse un porcentaje similar?