La falta de ayudas públicas enfría la unión de Caixabank y Bankia

Rodrigo Rato e Isidro Fainé han hablado largo y tendido sobre la posibilidad de unir las dos entidades que capitanean desde hace meses pese a todas las dificultades operativas que eso suponía.

En los últimos meses del pasado año, la operación tenía visos de progresar. Se esperaba el resultado electoral y las políticas del nuevo Gobierno con respecto al sector financiero. Despejada esa duda, la eventual fusión parece congelada por los planes del Ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha descartado la creación de un banco malo.

Las cúpulas de ambas entidades confiaban, como alternativa, en que para proceder al ensamblaje de sus respectivos balances pudieran acogerse a ayudas públicas, posibilidad que no parece formar parte de los propósitos del nuevo gabinete. Así, pese a la bendición del Banco de España a una operación de estas características, la unión de Caixabank con Bankia ha dejado de ser la primera opción de cada una de las entidades para recomponer el mapa financiero y ganar en dimensión.

Integrar ambos grupos financieros supondría la asunción de costes de redundancia en materia de sucursales, personal y servicios centrales. La red de oficinas totaliza unas 8.000 agencias por el territorio español, una parte de las cuales (entre el 20% y el 25%) se solapan. Bankia ha invertido unos 1.400 millones de euros en cerrar 700 oficinas. Reordenar el mapa de oficinas comunes costaría más de 2.000 millones, según fuentes del sector.

Balance contaminado

Bankia llega al acuerdo con un balance más contaminado por la crisis inmobiliaria y, especialmente, por la aportación de la antigua Bancaja al grupo. El impacto de la crisis del ladrillo ha sido inferior en el caso del grupo La Caixa, pero el negocio decrece y sólo la cartera industrial mantiene el esplendor en los resultados. Con todo, el problema principal para la unión tiene más tintes políticos: “Después de que el Sabadell comprara la CAM, si La Caixa controla Bankia, Catalunya tiene capacidad de torsión de un gobierno”, señala un analista de Madrid.

Nadie en Madrid espera que Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, o el propio jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, deje la caja de ahorros de la capital en manos del poder financiero catalán, admiten otras fuentes del mercado.

Un reguero de dificultades

“Si tiene problemas políticos, no sale por números y encima hay un problema serio con los seguros, ¿quién puede pensar que tiene posibilidades de prosperar esa fusión?”, añade un alto cargo de Bankia. Los portavoces oficiales de la entidad se limitan a restar importancia a los rumores que desde hace unos meses se han propagado sobre esa operación. Desde las torres negras de la Diagonal se señala que esa operación no es una prioridad para la entidad.

En el entorno del Banco de España se especula que la proporción de la entidad resultante, si fructificasen las negociaciones más adelante, podría negociarse en unas cifras próximas al 60% (Caixabank) y al 40% (BFA-Bankia). De igual manera, estaba aceptado que el control de la entidad resultante en términos de gestión quedaría en manos de los socios catalanes con independencia del reparto de presidencias o consejos de administración.

El efecto contagio

El problema que ronda al Gobierno en estos momentos es que si concede ayudas para una fusión como la de este macrogigante financiero, no podrá negarlos para otras que esperan en la recámara: la unión de algún banco con Catalunyacaixa o la que resulte de la subasta de Unnim, entre otras.

De ahí que ambas entidades hayan optado por trabajar en líneas paralelas. Caixabank, por ejemplo, estudia la adquisición del capital que el Frob posee en el banco de Novacaixa Galicia.