Cataluña capta en 45 días 1.404 pisos desahuciados por los bancos para su posible compra

El espinoso asunto de las crecientes ejecuciones hipotecarias, que las entidades financieras están llevando a cabo sobre familias que no pueden afrontar los pagos del préstamo, está dando lugar a algunas iniciativas políticas para amortiguar el impacto.

En Cataluña han optado por obligar a los bancos a que, antes de que vendan a terceros las viviendas desahuciadas, comuniquen al Gobierno autónomo el precio al que las prevén ofrecer para ver si decide ejercer el derecho de tanteo y retracto.

Alquiler social

Y mes y medio después de que se aprobara el decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes en materia de vivienda, y coincidiendo con su validación en el Parlament, el conseller de Territori y Sostenibilitat (TES), Santi Vila, acaba de poner sobre la mesa un dato. Ya son 1.404 las viviendas que, aun siendo propiedad de las entidades financieras, podrían ser compradas por el Gobierno catalán o por los ayuntamientos para destinarlas a alquiler social.

La norma pone el foco en las operaciones de comercialización internacional de grandes paquetes de títulos hipotecarios y de viviendas, procedentes de ejecuciones hipotecarias, en los que viven familias en situación de vulnerabilidad, como la operación realizada por el fondo Blackstone con los préstamos adquiridos a Catalunya Banc en julio del pasado año.

La mayoría, ofrecidos a Blackstone por Catalunya Banc

De hecho, 904 de los 1.404 pisos captados que podrían ser objeto de tanteo y retracto proceden de esa operación. Otras 200 viviendas han sido notificadas por Bankia, 100 por el BBVA, 20 por Sabadell, 11 por la Sareb, 5 por el Banco Santander, 6 del Crédit Agricole y 5 del Deutsche Bank.

Los bancos han ofrecido estos pisos a fondos de inversión a precios tan bajos como los 5.000 euros dados en Palafrugell, 6.000 en Tortosa, 10.000 en Lleida, 20.000 euros en Sabadell o poco más de 20.000 euros también en Barcelona.

Hasta 2021

El derecho de tanteo y retracto se plantea en las transmisiones de todos los pisos provenientes de ejecuciones hipotecarias con posterioridad en abril de 2008. Esta medida se aplicará por un plazo de seis años, hasta el 2021, y quedan afectados los 72 municipios con demanda acreditada, priorizando la adquisición por parte de la Administración de viviendas situadas en zonas con elevado riesgo de exclusión social.

El Govern calcula que, al cabo de esos años de aplicación del decreto, se podrá doblar el actual parque público catalán de viviendas, en torno a las 14.000. De momento, el propio Vila se comprometía en el Parlament a que ese incremento fuera ya del 10% en los dos próximos años.

Compra de 500 viviendas

Además de aflorar esos primeros 1.404 pisos, que ahora la Generalitat pondrá a disposición de los municipios por si éstos están interesados ​​en adquirirlos, la propia Conselleria de Territori y Sostenibilitat comprará cientos de estas viviendas con los 8 millones de euros presupuestados en 2015 para este fin. Con los precios de compra que se están ofreciendo a los fondos, la Generalitat podría adquirir más de 500 viviendas.

En 2014 se produjeron en Cataluña 14.230 ejecuciones hipotecarias, de las que 10.635 eran viviendas propiedad de personas físicas y 3.595 de empresas. La gran mayoría, 12.878, eran de segunda mano, y solo 1.352 eran nuevas.