Una sentencia declara nulos los despidos de Todó y Masana en CatalunyaCaixa
La entidad deberá readmitirles o abonar una indemnización de 600.000 euros a cada uno; el juez sà absuelve al FROB de la demanda que los antiguos directivos interpusieron por despido improcedente
Los despidos del ex presidente de CatalunyaCaixa, Adolf Todó, y del consejero delegado, Jaume Masana, fueron improcedentes según un juez. La entidad deberá ahora readmitirles o indemnizarles con 600.000 euros a cada uno, según las sentencia del juzgado social número 8 de Barcelona.
El mismo fallo [DESCARGAR DOCUMENTO] desestima las pretensiones de los antiguos responsables de la caja en relación al FROB, el fondo gubernamental que posee la institución como máximo accionista.
Fotocopias
El titular de la sala considera que las pruebas aportadas por CatalunyaCaixa para justificar el despido “no merecen credibilidad ni determinan convicción judicial”. El departamento jurídico de la caja aportó varias fotocopias.
La entidad argumentó en ambas cartas de despido que se prescindía de Todó y Masana por prácticas dudosas durante su etapa como gestores. Las misivas, idénticas salvo en las referencias personales, acusan a los banqueros de pagar emolumentos sin justificar y de deslealtad hacia la institución.
Deslealtad
“Se ha constatado el abono de determinados servicios profesionales cuyo coste resultó excesivo”, explica CatalunyaCaixa en el documento de despido. También dice de los directivos que actuaron con infidelidad al elaborar, por ejemplo, las cuentas relativas a 2012 de la entidad, sometida a un estrecho escrutinio desde el relevo de ambos y bajo la presidencia del sucesor de Todó, Carlos Pla.
“En la noche del 3 de abril, a las 19:53 horas, fuera de plazo, los consejeros ejecutivos deciden comunicar una nueva versión de la cuentas que debían ser formuladas y aprobadas por el consejo de administración», relata con ciertos toques novelescos.
«Dicha versión contenía comentarios añadidos por ambos y que de modo insólito suponía incluir comentarios críticos y alarmistas que ponían en duda, de manera infundada, la solvencia y perspectivas del banco”, se lee en uno de los puntos que justificaba la suspensión de los contratos.
Reproches
También había reproches sobre la actitud de Todó y Masana una vez el FROB decidió suspender la privatización de la caja. Según los documentos recogidos, ambos pretendían “vender la entidad a cualquier precio y condición”. “Tras la decisión del socio único –continúa la carta— dichos directivos no reaccionaron conforme cabe esperar del correcto desempeño de su cargo”.
A pesar de la contundencia de las acusaciones de CatalunyaCaixa, el magistrado Francisco Leal considera que no se han aportado las pruebas suficientes que acredita este rosario de prácticas dudosas para el consejo de administración de la institución financiera y su principal accionista, el Gobierno.
El fallo invita a las partes a ponerse de acuerdo para cumplir con la sentencia. Contra la misma cabe recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
