Los accionistas mayoritarios de Ficosa encargan a Rothschild la búsqueda de un socio

Ficosa es una de las multinacionales catalanas más reconocidas. Opera en el sector de la industria auxiliar del automóvil y muy próxima a los grandes constructores de vehículos. Pero desde hace una década su crecimiento y expansión internacional está pasando factura a sus cuentas de resultados. De ahí que los accionistas mayoritarios de la compañía hayan encargado al banco de negocios suizo Rothschild la búsqueda de inversores que permitan recomponer las maltrechas finanzas de la compañía.

La familia Pujol (encabezada por el presidente Josep Maria Pujol Artigas) es ahora la dominante en el capital del grupo empresarial y controla la gestión. Además, mantiene un frontal enfrentamiento con la rama de los Tarragó, segundos accionistas de la compañía y relegados en los órganos de gobierno de las sociedades. Los Pujol y los Tarragó, además, tienen relaciones familiares.

Batalla intensificada

La guerra entre las dos facciones se ha intensificado esta semana cuando Economía Digital desveló los propósitos de la dirección de alcanzar un acuerdo con inversores extranjeros para proceder a una urgente recapitalización de la compañía. Los líderes actuales del grupo de accesorios para automoción han mandado a una entidad suiza especializada el encargo.

La tarea de los intermediarios financieros, que han declinado ofrecer información alguna en virtud de los contratos de confidencialidad a los que están sometidos, será detectar la existencia de inversores interesados en la compañía y establecer en qué condiciones pueden desarrollarse las alianzas durante 2014.

Requerimiento de los compradores

Fuentes próximas a la familia Pujol, que prefieren mantenerse en el anonimato, aseguran que existen ya algunos inversores de origen asiático interesados por la entrada en el capital. No obstante, entre los requerimientos que formulan los dispuestos a incorporarse a Ficosa figura trocear la compañía (proceder a una división de la empresa por áreas de especialidad productiva) para hacer más sencilla la entrada de fondos externos.

Las diferencias actuales entre las familias propietarias podían solventarse económicamente en virtud del acuerdo que los socios obtengan con los representantes del capital extranjero. De entrada, los Tarragó han rechazado los trámites iniciados por sus parientes al desconocer del todo la situación. Sí que admiten, no obstante, que Ficosa requiere una capitalización inmediata y un cambio en la gestión actual, a la que atribuyen los graves problemas y ante la que han presentado diferentes acciones judiciales de carácter mercantil en los últimos meses.

Firma apoyada por los gobiernos

Ficosa ha sido una de las empresas mimadas por los poderes públicos catalanes. Además de obtener diferente financiación del Institut Català de Finances, el gobierno de la Generalitat (en pleno tripartito) concedió a la compañía un salvoconducto de unos 50 millones de euros para afrontar sus dificultades. Aquel acuerdo se hizo a modo de préstamo participativo por lo que su impago supondría la incorporación de la Generalitat como accionista de referencia de la compañía. También se incluyó a dos representantes del Ejecutivo catalán en el consejo de administración.

De forma reciente, Ficosa también ha renegociado con las entidades financieras las deudas bancarias contraídas.

Tras la compra de Sony

A finales de 2010, Ficosa negoció con Sony el traspaso de sus activos productivos una vez la multinacional japonesa decidió abandonar la producción de televisores en España. Ficosa se quedó con las instalaciones fabriles de Viladecavalls –donde ha concentrado una parte de su producción–, fondos de caja y la carga de producción durante prácticamente un ejercicio.

Fruto de las negociaciones citadas con Sony, tanto Xavier Pujol como el director financiero de Ficosa aparecen en el sumario de la trama denominada ‘caso ITV’. Ambos se vieron obligados a declarar como testigos ante la juez, que no ha dictado resolución alguna todavía. Una de las investigaciones abiertas por la magistrada intenta delimitar el pago de eventuales comisiones por aquella operación, en la que estaban asimismo implicados el dirigente de CDC Oriol Pujol, además de otros empresarios.