La guerra de la sal

Las empresas salineras españolas reunidas en la patronal AFASAL y lideradas por la francesa Salins du Midi han denunciado ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a uno de sus asociados, Iberpotash, –filial del grupo israelí ICL– al considerar que ésta podría “vulnerar la normativa vigente y los principios de leal competencia”. Es el último episodio de la batalla empresarial por el control del mercado de la sal en España. Las empresas salineras se juegan su futuro tanto en el mercado doméstico, muy saturado, como en las rutas marítimas que unen Barcelona con otros destinos de gran consumo, como El Cairo, Beirut, Génova o Estambul.

La guerra de la sal empezó a tomar cuerpo cuando, hace algunos meses, Iberpotash anunció su intención de colocar sus excedentes mineros en el mercado, lo que significa muchísimas toneladas de sal, hoy amontonadas frente a los pozos mineros de Súria y Sallent, que son propiedad de la multinacional. La posición vendedora de Iberpotash provocará un aumento espectacular de la oferta y, por consiguiente, un derrumbe de precios. Fuentes de AFASAL sitúan el desplome estimado de los precios entre un 30% y más de un 60%, “el final de una era en las cuencas salinas del sur de Europa”.

Cruce de demandas

Sus competidores, especialmente Salins du Midí (empresa de capital francés con instalaciones mineras y portuarias en España), respondieron acusando a Iberpotash de dumping medioambiental, por cuanto sus excedentes han creado barreras paisajísticas y son en parte responsables de la salinización de las aguas del río Llobregat. Oficialmente, el segundo episodio de la batalla ha empezado este miércoles con la denuncia de AFASAL a la CNC. Pero, en realidad, se activó el pasado 9 de noviembre, cuando la misma Iberpotash se adelantó denunciando a la CNC a sus litigantes, la patronal AFASAL y la francesa Salins du Midí. Esta última es el auténtico motor a distancia de la lucha por el control del mercado español. Iberpotash ha escondido su denuncia hasta ahora y sólo la he hecho pública al conocer la demanda de AFASAL ante el organismo regulador.

La batalla minera y mercantil que tiene su centro de gravedad en la comarca barcelonesa del Bages, el corazón de la Catalunya interior, tantas veces glosada por los soberanistas en la reciente campaña electoral, ha incorporado abiertamente a la opinión y a las plataformas cívicas, como Prousal o Montsalat que tienen su sede en las localidades mineras de Súria y Sallent y que se muestran muy críticas con Iberpotash. Sólo el agua y la ruta de la seda han registrado a lo largo de la historia incidencias parecidas o de mayor voltaje.

Crisis medioambiental

La sal, como materia prima intermedia en la alimentación y en el sector químico, es una commodity de enorme valor industrial. Los antecedentes más claros del conflicto de la sal arrancan en 1847 en las minas de San Elizario (San Francisco), escenario de la lucha popular contra el juez de distrito Charles Howard, cuyas leyes monopolizaban el uso de la sal. En Italia, la ciudad de Perugia fue el centro de una movilización en 1554 contra los Estados Pontificios por la misma causa. Pero el mejor ejemplo histórico tuvo lugar en la India, cuando en 1933 Mahatma Gandhi inició la marcha de la sal en contra de la corona británica, como primer eslabón de la independencia.

En el Bages se vive de lleno la crisis medioambiental. Su población está muy sensibilizada respecto al futuro industrial de la cuenca minera. El proyecto Iberpotash, una realidad en marcha, quiere ser en el futuro un clúster químico, conectado con el Puerto de Barcelona y el Corredor Mediterráneo, dotado con el ancho de vía europeo, según el proyecto desarrollado por Iberpotash y comprometido por el mismo presidente Artur Mas el pasado enero de 2011, en una presentación del grupo multinacional. El territorio está enormemente sensibilizado con el problema medioambiental y paisajístico generado por la extracción minera. Sus plataformas cívicas son las valedoras de un consenso muy amplio que concierne de lleno a la zona, y cuyas consecuencias empiezan a ser comparables con las movilizaciones contra los principales trasvases del Plan Hidrológico del Gobierno de Aznar, entre 2000 y 2004.