El empresariado catalán a Montoro: se debe bajar el IRPF y el impuesto de sociedades

Una reforma fiscal para dinamizar la economía y el consumo interno. El empresariado catalán ha presentado este martes un informe con ocho medidas concretas para fomentar la recuperación. Sobre la mesa del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (PP), dos peticiones básicas: se debe bajar el IRPF y el impuesto de sociedades.

“Tenemos que tener en cuenta la curva Laffer”, señala el presidente de la comisión de Economía y Fiscalidad de Foment del Treball, Ramon Adell. Es decir, afrontar la nueva reforma con una visión a medio plazo superando el alud normativo que denuncian que se ha producido desde 2008. En los últimos cinco años, los Gobiernos de PP y PSOE han cambiado alguna norma fiscal una vez por semana.

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, es quien carga contra esta política. “Sin un ambiente favorable es imposible hacer negocios sostenibles”, sentencia. Una teoría que ya defendió el pasado agosto con la publicación del informe El ‘sudoku’ de la normativa fiscal anticrisis, publicado por la patronal.

Incentivar la recuperación

Los empresarios temen una nueva batería de impuestos con la única finalidad de incrementar la recaudación de las administraciones públicas. Un escenario que aún desincentivaría la nueva contratación, el drama en una sociedad con 4,8 millones de parados, y que acabaría con los datos económicos positivos que muestra España desde el último trimestre del año pasado.

Foment del Treball justifica sus demandas en varios modelos econométricos que ha comparado. La teoría no deja margen de error: “Si la prioridad es la recuperación, ella implica bajada de impuestos para incrementar la actividad económica”, indica el director de Economía y Fiscalidad de Foment, Salvador Guillermo.

Consideraciones generales

Para mejorar el panorama fiscal actual, los empresarios exigen un marco normativo coordinado entre todas las administraciones y menos burocrático, que se aplique de forma transparente.

Es decir, terminar con el via crucis de tener que registrar varias firmas digitales según el estamento al que uno se dirige para realizar trámites on line (en principio, más sencillos) o el de anunciar el sábado en un boletín oficial que se modifica un impuesto a partir del día siguiente sin un pronunciamiento claro y detallado de la administración correspondiente sobre cómo aplicar en las empresas las nuevas reglas de juego, entre otras perlas del sistema actual que los empresarios han denunciado.

Fraude fiscal

“Los contribuyentes tienen que pagar y no perder el tiempo”, asegura Pich. Ahorrar este gasto pasa por aplicar unos marcos básicos en los que sea posible comprar tipos impositivos de forma sencilla, añade. Esta política, además, ahorraría políticas fiscales “desleales” entre Comunidades Autónomas. Todo ello sin perder de vista otra lacra de España: reforzar las acciones sobre el fraude fiscal.

La patronal catalana pide realismo en este punto. Es decir, perseguir a quienes apliquen la piscaresca para que sus negocios sean redondos y proteger de la “catarata de sanciones” que siguen cuando un empresario tiene por primera vez problemas en abonar sus impuestos (por despiste o imposibilidad). El modelo actual no favorece a que el negocio reflote.

Foment también exige que las Administraciones tengan en cuenta la situación real de la compañía a la hora de aplazar o fraccionar un tributo. “No puede ser que se paguen por encima de los beneficios”, asegura Pich. Un sistema de financiación de la Hacienda Pública que debe terminar, ya que ha ahogado y ahoga a los privados.

Figuras tributarias

Al entrar en la arena –es decir, en propuestas para modificar tributos– la patronal recuerda que las cotizaciones sociales en España pesan mucho. Concretamente, el 38,6% sobre el total de la carga fiscal del país, por debajo de Francia (38,4%) y superado por Alemania (40,1%), según Euroestat. Los impuestos directos también superan la media europea (están en el 33,2%, por encima de Italia y Alemania), igual que el IVA.

Los empresarios recomiendan a Montoro que rebaje de forma generalizada estos tributos. En general, piden bases imponibles más bajas, más cerca de los resultados contables y con unos regímenes especiales ajustados a la realidad para evitar picarescas. También reclama acabar con el desajuste del IVA de caja, ya que actualmente es muy complicado aplicarlo a las empresas; así como llegar a la media europea con tasas tan importantes como el IRPF. Es decir, graduar una tarifa que suavice paulatinamente los tipos impositivos y que amplíe los tramos de renta, entre otros.

En cuanto a las tasas como las de patrimonio o sucesiones y donaciones, proponen al Gobierno suprimirlos. “¿Queremos que la gente tenga más dinero en el bolsillo para gastar?”, inquiere Pich.

Recorrido del informe

Foment del Treball ha remitido el informe tanto a CEOE como a la comisión de expertos que trabajan para entregar a Montoro un documento con propuestas fiscales a finales de febrero.

El trabajo del empresariado catalán no es desconocido ni para la patronal estatal ni para la mesa de debate. Los implicados en su redactado reconocen que les han remitido parte de su análisis y conclusiones desde el pasado noviembre.