Disputa fraternal en El Corte Inglés por la entrada de capital catarí
Corporación Ceslar, de la familia de Luis Areces, denuncia que el acuerdo elimina el derecho preferente de compra de los accionistas tradicionales
El socio díscolo de El Corte Inglés amenaza con demandar a la compañía por la entrada del grupo Primefin «a un precio muy por debajo de las estimaciones». Corporación Ceslar, propiedad de la familia de Luis Areces (hermano del fundador), denuncia que el acuerdo con el fondo catarí elimina el derecho preferente de compra de las acciones por parte de los socios tradicionales.
Ceslar explica en un comunicado que la operación «es una maniobra para arrinconar a los accionistas tradicionales y blindar el poder del actual equipo gestor», en manos de Dimas Gimeno. Un hecho que implica «una pérdida de valor inaceptable».
Un porcentaje superior a lo explicado
El demandante también denuncia que el porcentaje de entrada no será del 10%, como ha sido publicado, «sino de entre el 12,5% y el 15,25%. Inversión a un precio «muy por debajo» de las estimaciones de Tinsa, que valoró la cadena en 18.000 millones de euros el año 2013.
Ceslar se queja de las condiciones de financiación con las que ha accedido la familia real catarí. «Unos intereses muy por encima del mercado, con penalizaciones que favorecen al inversor catarí y no están justificadas». Por ejemplo, un interés del 5,25% anual, que puede llegar a ser del 7,5% «si no se cumple un agresivo plan de negocios», con un crecimiento del 12% al año durante el próximo lustro.
La sociedad que preside Carlota Areces, hija de Luis Areces, lamenta el pago de una comisión «de millones de euros» a los intermediarios de la operación. «Ningún dirigente de El Corte Inglés supo decir quién estaba detrás de esa empresa ni cómo se llamaba», denuncia. Además añade que está radicada en uno de los países con «mayor opacidad fiscal» y fuera de la normativa europea.
Un socio rebelde
La corporación ya impugnó hace dos años varias operaciones. En 2013, Ceslar impugnó la celebración del consejo que aprobó el acuerdo de financiación firmado con 27 bancos acreedores a través de un crédito de 4.909 millones. Meses después, se volvió a pedir la nulidad del encuentro por ocultación de información por parte de la empresa.
