Agbar pedirá la ejecución de la sentencia de ATLL, pero pone sobre la mesa de Mas 350 millones

La guerra del agua podría tener fin si el gobierno de Artur Mas tiene voluntad política de que así sea. La multinacional barcelonesa Agbar estaría dispuesta a pactar con la Generalitat un arreglo definitivo al embrollo jurídico que ha supuesto la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), según han indicado fuentes financieras conocedoras de la cuestión. Las sentencias que se van sucediendo dan la razón a la compañía que preside Ángel Simón y cargan contra la adjudicación realizada por el Ejecutivo catalán a la empresa Acciona.

En ese contexto, Agbar dispondría de los recursos económicos para que el Govern revierta de una vez por todas el contrato de la mayor privatización llevada a cabo en Cataluña, la del suministro de agua hasta las cabeceras de los municipios. La operación asciende a 1.000 millones de euros y el pliego de condiciones facilita la concesión durante 50 años. Acciona ha pagado una parte, unos 300 millones, pero no ha abonado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que asciende a otros 40 millones adicionales.

Indemnizar a Acciona

Medios financieros aseguran que Agbar está en condiciones de asumir esos costes (una parte son los que la Generalitat destinaría a indemnizar a Acciona, según obliga la adjudicación) de manera inmediata.

En el seno del Govern existe más disposición a revertir el contrato por parte de la consejería de Política Territorial, que lidera Santi Vila, mientras que la de Economía y Finanzas, a cuyo frente se sitúa Andreu Mas-Colell, sería más reacia por la complejidad económica que supone. Disponer de los recursos, sin embargo, podría facilitar un cambio de opinión en el Ejecutivo catalán, que la semana pasada recibió otro golpe en forma de sentencia del Tribunal Supremo, en la que se da la razón al órgano interno de la Generalitat que pidió el cambio de adjudicatario.

Recurso en cualquier caso

Pese a la predisposición al pacto de Agbar, la multinacional ultima legalmente la petición para que los tribunales ejecuten la última sentencia del Supremo. Fuentes de la compañía barcelonesa han declinado comentar cuál será su estrategia en los próximos días, aunque este medio ha podido conocer que la solicitud de ejecución se presentará en cualquier caso.

De avanzar por la vía del diálogo, la administración catalana podría dar cumplimiento a la sentencia de los tribunales a la par que no sufriría quebranto económico alguno. Medios empresariales señalan que esa solución, no obstante, podría chocar con el actual adjudicatario, un consorcio formado por Acciona, de la familia Entrecanales; el banco brasileño BTG y los empresarios barceloneses Manel Torreblanca (del grupo Godia) y Ferran Rodés (Havas y diario Ara).

Más problemas para Acciona

De perder este contrato, Acciona sumaría a su historia más reciente diversas incidencias en otras autonomías y municipios en el negocio del agua. Además, el grupo ha sido objeto de investigación en Zaragoza y atraviesa dificultades por su apuesta por las energías renovables en España durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que han sido modificadas legalmente por el PP.